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Bruselas investiga si las ayudas públicas a Correos vulneran las normas de la UE

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El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para verificar si las ayudas públicas a Correos vulneran las normas de la UE y se utilizan para practicar “dumping comercial”.

   La iniciativa de Bruselas responde a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa. En su pregunta, Tremosa se hacía eco de un informe del consejo del transporte y la logística de la CEOE en el que se denuncia que la aportación del Estado a Correos se ha disparado en 2014 hasta 518 millones de euros, un 60% más que el año anterior, y que las ayudas públicas de utilizan para competir con otras empresas del sector.

   “La Comisión toma nota de los informes que cita Su Señoría. Dichos informes, que la Comisión no ha visto, parecen alegar que Correos utiliza las ayudas públicas para practicar dumping comercial”, explica Almunia en su respuesta escrita a Tremosa.

   “Asimismo, -prosigue el vicepresidente del Ejecutivo comunitaro- se señala el efecto distorsionador que tienen las exenciones fiscales de las que disfruta Correos. Se formulan, además, otras acusaciones contra Correos (p. ej., retrasos normativos, privilegios aduaneros en las Islas Canarias) con posibles repercusiones negativas sobre la competencia”.

   Almunia asegura que “las medidas mencionadas no han sido notificadas a la Comisión por las autoridades españolas”. Por ello, “por el momento, la Comisión no está, por tanto, en condiciones de determinar si las citadas medidas constituyen ayudas estatales, ni si son compatibles con el Tratado de la Unión Europea”.

   “A este respecto, se están manteniendo contactos con las autoridades españolas”, desvela el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

   Según el informe citado por Tremosa, “las exenciones fiscales de las que disfruta Correos no solo son lesivas para el conjunto de los ciudadanos, al incidir negativamente en la recaudación fiscal, sino que le permiten contar con una ventaja adicional a la hora de disfrutar de una caja que el resto de sus competidores destinan al pago de tributos.” Así, por ejemplo, tampoco cobra el IVA por los envíos postales ajenos al servicio postal universal de determinados clientes (grandes empresas, bancos y eléctricas), con un impacto tributario calculado por el resto del sector en 110 millones de euros anuales.

   El estudio habla además de “retrasos normativos que perjudican a la competencia, incluida la metodología para el cálculo del coste neto que determina la contribución estatal”. También se formulan acusaciones de privilegios aduaneros en Canarias; de no aplicación de tasas locales o de exención de cuotas a la Seguridad Social de los 20 000 funcionarios que aún mantiene en plantilla.

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